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Ponencia de la diputada Aleida Alavez en el Coloquio Internacional para conmemorar el 60 Aniversario del Sufragio Femenino: El ejercicio de los derechos políticos de la mujer en México.

Buenos días a todas y a todos, agradezco la oportunidad de compartir mis reflexiones con ustedes, y agradezco particularmente la oportunidad de estar en esta mesa con mujeres que se han destacado en la vida pública y política de nuestro país.

En las semanas recientes hemos rememorado a uno de los ex presidentes más queridos y más importantes de nuestra historia, me refiero al general Lázaro Cárdenas, quién al expropiar la industria petrolera le dio un giro fundamental al proceso de construcción de nuestra nación como un Estado como un libre y soberano.

Pero al rememorarlo se nos olvida que él también fue el primer presidente en enviar una reforma Constitucional al Congreso de la Unión para reconocerle a las mujeres su calidad de ciudadanas, garantizándoles su derecho a votar y ser votadas, y aunque ciertamente dicha iniciativa no prospero en aquel 1937 al haber sido aprobada por el Senado pero rechazada por la Cámara de Diputados, este precedente histórico no puede quedar en el olvido al hacer el recuento sobre la participación política de las mujeres en México.

Aunque es hasta 1953 cuando se reconoce el derecho al sufragio femenino gracias a la organización y participación de las mujeres en los foros feministas demandando derechos ciudadanos, esta conquista no se vio materializada sino hasta por lo menos dos décadas después, debido a que en la mayoría de los casos seguían siendo los hombres quienes decidían lo que sus esposas, hijas o hermanas debían hacer, determinando desde luego su participación tanto en la vida privada como en la vida pública.

Pero esta transición del reconocimiento legislativo, a la participación directa de la mujer no fue sencilla, pues a mediados del siglo XX no era “bien visto” que una mujer asumiera roles de participación y protagonismo en los espacios tradicionalmente ocupados por los hombres y aunque desde la época revolucionaria se pudieron registrar casos de mujeres participando en la política nacional no fue sino hasta los años 70´s que estas acciones se convirtieron en algo socialmente aceptado.

Sin embargo, la transición de la aceptación social, al respeto y al acceso equitativo en los espacios públicos ha sido quizá más complicada.

Las mujeres hemos logrado impulsar desde los espacios públicos, reformas legislativas, creación de instituciones y nuevas prácticas de gobierno que permiten reconocer y garantizar los derechos humanos de las mujeres, así como contar con una participación política en condiciones de igualdad.

Pese a estos avances, las mujeres se enfrentan a situaciones de discriminación y violencia al tratar de ejercer su legítimo derecho al voto. A este respecto, la investigadora Margarita Dalton señala: “Las mujeres que buscan cargos políticos deben ser valientes porque las dificultades son muchas, y los golpes físicos y morales también. El proceso de democratización de la sociedad implica la mayor participación de las mujeres en los cargos políticos, pero la práctica de este proceso ha significado desgaste y riesgos para algunas de las mujeres líderes”.

La posición de las mujeres sigue siendo duramente cuestionada por líderes y caciques que consideran que el sexo masculino es más merecedor de los cargos de elección popular; aunque seamos más las más mujeres que los hombres registrados en el padrón electoral y en las listas nominales, y quienes tenemos en general un mayor promedio de participación electoral.

La situación de desigualdad y discriminación en México resulta evidente al considerar que actualmente no hay ninguna mujer gobernadora o jefa de gobierno, revirtiendo la tendencia que en 1979 inició Griselda Álvarez al ser la primera mujer gobernadora y quien en su momento abrió una brecha que suponíamos iría en aumento constante y permanente.

Por ejemplo, en las legislaturas locales, apenas una de cada cuatro legisladores locales es mujer. Hay estados como Aguascalientes, Querétaro, Coahuila y Puebla donde la representación femenina no llega ni a 15 por ciento en sus respectivas legislaturas. En los municipios la situación empeora, pues apenas siete de cada 100 alcaldes son mujeres.

La debilidad de la representación política de mujeres demuestra el bajo desempeño de los instrumentos diseñados para incentivarla. Las cuotas de género estatales van de 30 a 50 por ciento y no existe entidad alguna en donde dicha proporción mayor se vea representada plenamente en sus legislaturas.

En este contexto no es casual que el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer integrara en su Informe sobre México una recomendación para “eliminar obstáculos discriminatorios, corregir legislación y poner sanciones a quienes incumplan las cuotas de género, sugiriendo campañas de concientización para ampliar la participación política de las mujeres.”

A esto habría que añadirle el instrumento con que cuenta la ciudad: el Programa de Derechos Humanos; las líneas de acción que ahí se establecen  precisamente dicen con más concreción cuáles son las medias en materias legislativas y de política pública que se tienen que habilitar a nivel local, pero creo que hace falta este instrumento a nivel nacional.

La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos han sido reconocidos como derechos fundamentales a nivel internacional. Específicamente, el artículo 4 inciso j de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, señala que: “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos entre los que comprenden el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones”.

Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos  han consagrado el derecho de las mujeres a participar, en igualdad de condiciones en la vida política de su nación, por ejemplo,  el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce de forma similar estos derechos y en este sentido el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que: “No se permite hacer distinción alguna entre los ciudadanos en lo concerniente al goce de esos derechos por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

La relevancia de igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos ha sido reconocida por la comunidad internacional en el pasado, como lo demuestra la ratificación de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer que afirma el derecho de las mujeres a ser “elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna” y “a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna”.

De acuerdo con lo anterior, la igualdad en la participación política involucra no solamente el derecho de votar de las mujeres, sino también el derecho a ser elegidas para cargos públicos y de participar plenamente en los asuntos y el servicio público de su país.

El involucramiento de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política es una condición necesaria para garantizar una sociedad más igualitaria y consolidar la democracia representativa, misma que también puede tener un efecto multiplicador en la protección de sus derechos humanos en varias esferas más allá de la vida política.

La inclusión de las mujeres en la arena política fortalece la democracia ya que promueve la inclusión de las voces y demandas de las mujeres. Asimismo, la representación femenina en los cargos públicos fomenta la rendición de cuentas hacia las mujeres y el aliento de una mayor participación política de las mismas en general.

Antes este panorama, hoy todas nosotras tenemos un gran reto que enfrentar, hoy todas juntas tenemos que hacer valer los instrumentos internacionales, nacionales y electorales que garantizan el derecho de las mujeres a participar libremente en los procesos políticos, pero no sólo debemos de luchar para conseguir que estos derechos se respeten y garanticen, sino que además debemos de luchar desde nuestros espacios por asegurar que dicha participación no sólo sea cuantitativa sino cualitativa.

Creo que la exposición magistral de la magistrada del Tribunal Federal Electoral, María del Carmen Alanis, daba cuenta de ello con todos estos datos donde encontramos las diferentes tareas que desde nuestros ámbitos necesitamos apuntalar.

Nos basta con que las cuotas de género como acciones afirmativas para las mujeres, obliguen a los partidos políticos a integrar en sus listas para cargos de elección popular a un cierto porcentaje de mujeres, es urgente e indispensable que en los cargos públicos también se asegure una participación equitativa entre hombres y mujeres; veamos por ejemplo, la composición de los gabinetes federal y de la ciudad de México, lamentablemente el anuncio del Ejecutivo federal en cuanto a la paridad en la representación de mujeres y hombres no voltea a ver la integración actual de este gabinete, donde de 21 secretarías, sólo 3 son ocupadas por mujeres y además con menores salarios que los hombres. Eso debería corregirse antes de una propuesta o iniciativa que además revisaremos con mucha puntualidad, no queremos entrar  en una negativa a priori pero sí nos preocupa que se hagan estos anuncios sin hacerse cargo de la composición del gabinete federal y también de la Ciudad de México; y nos daremos cuenta de que las acciones afirmativas no han logrado permear la idiosincrasia política de nuestra clase política y de que aún a pesar de todos los esfuerzos realizados seguimos teniendo una presencia marginal en los cargos de decisión de gobierno.

Haciendo un balance general del impacto de las cuotas de género en el ámbito político-electoral, nos podemos dar cuenta de que este mecanismo no ha tenido los resultados esperados, ni siquiera al interior de nuestros institutos políticos, pues el propio Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial han tenido que multar a los partidos políticos reiteradamente para hacer valer esta consideración legal de igualdad sustantiva, ante la recurrencia de desacato en que han incurrido.

Pero además, esta figura no ha logrado ser incorporada en la construcción e integración de los gabinetes y despachos de gobierno, como lo señalaba anteriormente, pues en los puestos de decisión política se sigue excluyendo la participación de las mujeres.

No podemos quedarnos inmóviles ante esta realidad, nuestra labor como mujeres que participamos en la política nacional es y debe de ser el incorporar ahora como un elementos indispensable en la conformación de los gabinetes de gobierno, la participación y representación equitativa de las mujeres, pues representamos más del 54% de la población y sin  embargo, en muchos de los espacios no tenemos una participación mayor al 15 o 20% en términos reales.

Dentro de la reforma política que se discute en estos momentos en el Congreso de la Unión, vamos a proponer la incorporación dentro de los requisitos y condiciones para la conformación de coaliciones de gobierno, de gabinetes plurales y de ratificación de nombramientos, la inclusión equitativa de mujeres en todas las esferas y áreas de la administración pública, procurando con ello, no sólo una representación cuantitativa de las mujeres sino sobre todo cualitativa.

Las cuotas de género, tienen que ser vistas como un mecanismo de avance en la participación público-política de las mujeres, pero sobre todo tienen que ser vistas como medidas de respeto a los derechos de millones de mexicanas que pretender acceder a espacios públicos a través de los partidos políticos y a través de los gobiernos electos democráticamente.

Las mujeres mexicanas, y en especial las mujeres políticas mexicanas que nos dedicamos al trabajo público y político merecemos que nuestra capacidad y nuestro desempeño sea reconocido, merecemos mayores y mejores espacios de decisión, merecemos que nuestra voz sea escuchada y atendida y sobre todo merecemos que con nuestro andar sigamos abriendo camino para las otras miles de mujeres que tienen la capacidad para gobernar nuestro país de manera comprometida y profesional.

Lo merecemos nosotras, lo merecen todas las mujeres mexicanas, lo merece nuestra historia, y lo merece México, sigamos trabajando para conseguirlo y para garantizar que esta discusión se convierta no en una aspiración sino en una realidad.

Muchas gracias.

 

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